Durante el mes de septiembre de 2017, el país fue sacudido por dos sismos de importante intensidad que causaron afectaciones en la vida de comunidades de varias entidades federativas del centro y sur del país. El día 7 de ese mes, a las 23:49:17 de la noche (hora local), ocurrió el primero, de magnitud Mw = 8.2, frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, a una profundidad de 46 km, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Las entidades de mayor afectación por este sismo fueron Chiapas y Oaxaca. Dos semanas después, el 19 de septiembre, a las 13:14:39 de la tarde (hora local), ocurrió otro sismo de magnitud Mw = 7.1, al suroeste de Axochiapan, Morelos, con una profundidad de 51 km, según el SSN. Las entidades federativas que registraron mayores daños fueron Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México.
En este informe se describen las principales afectaciones derivadas de dichos fenómenos naturales y las respuestas a ellos de suelos, taludes y estructuras térreas, de edificaciones para uso habitacional, educativo y comercial, de inmuebles del patrimonio arquitectónico, de edificaciones con dispositivos de protección sísmica, así como de edificios rehabilitados en sismos previos y de construcciones instrumentadas. Asimismo, se hace un análisis del impacto socioeconómico en las comunidades afectadas, de la respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil, así como de la importancia de los medios de comunicación y de las redes durante las situaciones de crisis en ambos eventos sísmicos.
Al final se proponen recomendaciones para promover una sociedad con mayores capacidades y habilidades (o como se conoce ahora, más resiliente) ante los sismos. En síntesis, se plantea revisar y fortalecer el marco jurídico de reglamentos y normas de construcción en los que se reconozcan las y los actores involucrados en un proyecto y se les asignen sus atribuciones y responsabilidades. Se recomiendan acciones para mejorar las competencias y profesionalizar el quehacer de quienes participan en estas tareas. Se proponen acciones para eficientar la respuesta ante la emergencia, como lo son protocolos de evaluación post-sísmica y de rehabilitación de construcciones dañadas. Se sugiere impulsar la investigación científica y tecnológica en materiales y sistemas estructurales y de cimentación innovadores que conduzcan a una recuperación más expedita de su funcionalidad tras los sismos. Igualmente, se plantea incorporar la investigación en ciencias sociales de manera formal en la ingeniería sísmica. Finalmente se considera conveniente reestablecer el Consejo Consultivo sobre Sismos como una plataforma de colaboración, definición de prioridades y de actuación para promover comunidades resilientes en México.
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